El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió a la Policía dar prioridad a dos víctimas de la extorsión: el comerciante que recibe amenazas en su negocio y el transportista al que le exigen dinero para dejarlo trabajar. Ante los comandantes de la institución, el 29 de octubre en Bogotá, les encargó investigar quién cobra y qué ocurre con el dinero después del pago.
Seguir el dinero y quedarse en el territorio
En Colombia se conoce como «vacuna» al cobro que una organización impone bajo amenaza. Según la reseña del encuentro publicada por la Presidencia, De la Espriella pidió llevar a los responsables ante la justicia y afectar los recursos con los que las bandas financian sus actividades.
El mandatario también dio una instrucción para después de los operativos: mantener presencia policial en los lugares donde las autoridades recuperen el control. Para un comerciante que vuelve a abrir su negocio al día siguiente, la pregunta es qué protección tendrá si quienes le exigieron dinero regresan.
Qué reportó el Gobierno en Bucaramanga
La operación Mano de Hierro puso esa estrategia en práctica en Bucaramanga. El 12 de noviembre, El Colombiano recogió el balance del presidente: 136 capturas y 70 allanamientos en una intervención contra estructuras vinculadas a la extorsión y al narcotráfico. Participaron la Policía, el Ejército, el CTI y el Gaula. Las cifras corresponden al conjunto de la operación; el balance citado no precisa cuántas personas fueron detenidas por extorsión.
Qué muestran los primeros cien días
La violencia contra civiles sigue siendo parte del balance nacional. Entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz registró el asesinato de 45 líderes sociales y 26 masacres en Colombia. Son indicadores nacionales distintos de las capturas reportadas en Bucaramanga.
Para quienes pagan bajo amenaza, queda una pregunta concreta: ¿dejaron de llegar los cobros después de los allanamientos? El balance divulgado el 12 de noviembre da cuenta de las detenciones y de los bienes incautados. La evolución de las denuncias y el seguimiento a las víctimas permitirán evaluar si la intervención les devolvió la tranquilidad.
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